• Que en las grandes ciudades y en especial en la Región Metropolitana, el Ministerio de Agricultura controle las tierras agrícolas, para evitar su desviación a otros fines: viviendas urbanas, parcelas de agrado, explotaciones forestales, y la división injustificada de los predios agrícolas hasta ½ hectárea.

• Garantizar la más amplia libertad sindical y de negociación colectiva, creando el sindicato comunal, que por su estructura territorial, puede dar cabida a los trabajadores (as) de las diversas unidades productivas del área silvoagropecuaria.

• Dictar una ley de fomento a las cooperativas campesinas que estimule éstas, junto a otras formas de asociación mediante facilidades tributarias y crediticias, más el compromiso de compra de sus productos por el Estado.

• Crear un Banco Público Agrícola que se haga cargo de la asistencia financiera de la agricultura familiar campesina y de otras organizaciones productivas del medio rural, que cree un poder de compra del Estado y reciba productos agrícolas en parte de pago.

• Crear un Fondo de Desarrollo y Capacitación Rural. En el intertanto, el Estado debe destinar los fondos necesarios de sus programas anuales, previa discusión con los involucrados.

• Perfeccionar el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), como entidad estatal de fomento y desarrollo de la agricultura familiar campesina.